La ley que prohíbe el interés sobre interés no protege al deudor: encarece el crédito

La indicación, incorporada al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, reemplaza el artículo 9 de la Ley 18.010 y prohíbe de forma absoluta que los intereses devengados generen nuevos intereses. El Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero y la banca privada dispararon contra ella al mismo tiempo. El propio Gobierno, que comparte coalición con el PPD que presentó la indicación, está preparando un veto para eliminarla antes del despacho definitivo. Algo no cuadra.

Para entender qué está en juego, hay que entender qué es exactamente lo que se prohíbe. Depositas $10.000.000 en un depósito a plazo al 6% anual. Al cabo del primer año tienes $10.600.000. Esos $600.000 son intereses. Ahora bien: cuando el depósito se renueva, ¿sobre qué monto calculan los intereses del segundo año? Si se aplica interés simple, solo sobre los $10.000.000 originales. Si se aplica interés compuesto, sobre los $10.600.000 completos, incluyendo los intereses que ya generaste. Esa diferencia es el anatocismo.

La fórmula M = VA × (1+i)^n, que aparece en el primer apunte de cualquier curso de matemáticas financieras, captura esa mecánica. No es una cláusula abusiva de contrato. Es la forma matemáticamente correcta de reflejar el valor del dinero en el tiempo. Sobre esa misma fórmula están construidos el cuadro de amortización de un crédito hipotecario a 20 años, el cálculo de un dividendo mensual, y el crecimiento de los ahorros previsionales en las AFP.

La tabla a continuación muestra qué pasa con el mismo depósito de $10.000.000 al 6% anual bajo cada régimen. Los números no son proyecciones especulativas: son el resultado de aplicar la fórmula del interés compuesto versus la del interés simple a la misma tasa nominal.

Aquí está el punto central, y es el que el Banco Central explicó en el oficio sin precedentes que su presidenta, Rosanna Costa, envió a la Cámara de Diputados: la prohibición del anatocismo no implica una reducción en el costo del crédito. Las instituciones financieras pueden compensar esa restricción aplicando tasas de interés simple más elevadas para mantener el retorno esperado sobre sus operaciones. El costo total del crédito quedaría en un nivel equivalente al actual. Solo cambiaría la forma de calcularlo.

La aritmética lo confirma. Para que un banco obtenga los mismos $32.071.355 que genera un depósito de $10.000.000 al 6% compuesto durante 20 años, sin capitalizar intereses, necesitaría aplicar una tasa simple de aproximadamente 11% anual. El ahorrante no paga menos: paga lo mismo en pesos, con una fórmula menos transparente y sin la visibilidad de cómo crece su capital año a año. En el lado del crédito, el mecanismo es equivalente pero inverso: el banco necesita una tasa más alta o condiciones más exigentes para recuperar el mismo capital.

La CMF, por su parte, alertó que la norma podría impactar negativamente el funcionamiento de todo el mercado financiero y generar condiciones de otorgamiento de créditos más exigentes. En términos concretos: más personas quedarían excluidas del sistema formal. Cuando el crédito regulado se encarece o se restringe, la demanda no desaparece. Migra hacia el canal disponible, que suele ser el menos regulado y el más caro: el crédito informal. La Encuesta de Crédito Informal 2026 de Caja La Araucana documentó que más de la mitad de las personas que recurren a préstamos informales lo hacen por la rapidez frente a la lentitud del sistema formal. La prohibición del anatocismo haría ese canal todavía más atractivo por necesidad.

No se trata de especulación teórica. Hay un caso documentado de un país desarrollado que efectivamente prohibió el anatocismo bancario y luego tuvo que revertirlo. En diciembre de 2013, Italia aprobó la Ley 147 de Estabilidad, que modificó el artículo 120 de su Texto Único Bancario y prohibió de forma explícita la capitalización de intereses. La norma entró en vigor el 1 de enero de 2014.

Lo que siguió fue una combinación de incertidumbre jurídica sobre operaciones vigentes, debates académicos sobre el alcance real de la prohibición y presión del sistema bancario. En abril de 2016, menos de dos años después de entrar en vigor, la prohibición fue parcialmente revertida y el anatocismo bancario fue reinstaurado bajo nuevas condiciones regulatorias. No existe evidencia documentada de que durante ese período los deudores italianos pagaran menos por sus créditos. El costo del dinero no cambió: cambió la forma de presentarlo.

La Biblioteca del Congreso Nacional publicó un informe comparado de anatocismo que documenta que ningún sistema jurídico moderno prohíbe de forma absoluta el interés compuesto en el ámbito financiero. La razón es que la capitalización de intereses no es una anomalía legal: es la forma en que funciona matemáticamente el valor del dinero en el tiempo, con o sin norma que lo permita o lo prohíba. (Fuente: BCN, Anatocismo: Régimen regulatorio nacional y comparado)

Hay un argumento de fondo que vale la pena reconocer. En situaciones de mora, cuando un deudor no puede pagar y los intereses impagos se capitalizan sobre los intereses impagos, la deuda puede crecer de forma que hace muy difícil salir del sobreendeudamiento. Ese problema existe. El anatocismo en créditos morosos puede operar como un mecanismo de crecimiento explosivo de obligaciones que el deudor ya no tiene capacidad de pagar. La intuición que motivó la indicación tiene una base real.

El problema es que la solución técnica correcta para ese problema específico sería limitar la capitalización de intereses moratorios, es decir, los intereses sobre deuda vencida e impaga, no prohibir el interés compuesto en toda operación financiera regulada por la Ley 18.010. La norma aprobada no hace esa distinción. Prohíbe el anatocismo en términos absolutos, lo que afecta a depósitos a plazo renovables, créditos hipotecarios, líneas de crédito de construcción y la capitalización de los ahorros previsionales en las AFP. La pensión de cualquier trabajador chileno crece, en parte, porque los intereses que generan sus ahorros se capitalizan sobre el total acumulado. Eso también es anatocismo.

El biministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló públicamente el impacto en libretas de ahorro, depósitos a plazo y fondos de pensiones (El Mercurio, 20 de julio de 2026). Ignacio Aravena, Fellow de la London School of Economics, advirtió sobre el impacto específico en el financiamiento de vivienda social: los proyectos inmobiliarios de menor escala no pueden traspasar un mayor costo financiero al precio de venta cuando ese precio está fijado por subsidio. El instrumento más usado para financiar vivienda social en Chile se encarece sin que el beneficiario final tenga forma de absorber esa diferencia.

El detalle más revelador de este episodio es político, no financiero. El Ejecutivo está preparando un veto supresivo para eliminar la indicación antes del despacho definitivo de la ley. El Gobierno y el PPD que presentó la indicación son parte de la misma coalición. La norma se aprobó sin revisión técnica previa por parte del Banco Central ni de la CMF: ambos se enteraron una vez que estaba incorporada al proyecto. La reacción simultánea del BC, la CMF, la Asociación de Bancos y BancoEstado no fue coordinada: fue independiente. Llegaron a la misma conclusión por separado.

La indicación se incorporó en la madrugada, dentro de un proyecto de ley de reconstrucción que tenía otros objetivos principales. Que llegara hasta la aprobación del Senado sin que nadie la detuviera antes es, en sí mismo, información sobre cómo funciona el proceso legislativo en materias económicas complejas. El resultado probable, si no hay veto, no es un sistema de crédito más justo. Es un sistema que cobra lo mismo de una manera más opaca, con más personas excluidas del financiamiento formal y con menor rentabilidad en los ahorros de largo plazo de toda la población activa.